LA SOBERANÍA SECUESTRADA: TRUMP AMENAZA DESDE FUERA, LOS NARCOPOLÍTICOS

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México enfrenta una de las contradicciones más peligrosas de su historia reciente: un gobierno que invoca la soberanía nacional para rechazar las presiones de Donald Trump, pero que parece mostrar una tolerancia mucho menos enérgica cuando las sospechas de infiltración criminal alcanzan a personajes de su propio movimiento político.
Las amenazas de intervención militar estadounidense, las presiones económicas y las pretensiones de imponer decisiones en materia de seguridad constituyen una injerencia inadmisible. Ninguna potencia extranjera tiene facultades para disponer unilateralmente del territorio, las instituciones o las decisiones soberanas de México.
Sin embargo, hay una pregunta que el oficialismo parece empeñado en esquivar: ¿de qué sirve defender las fronteras frente a Washington si desde el interior del país existen estructuras criminales capaces de someter gobiernos, controlar policías, imponer autoridades y determinar el funcionamiento de las instituciones?
La amenaza no siempre llega desde el extranjero. También puede instalarse en los ayuntamientos, las fiscalías, los congresos y las oficinas gubernamentales.
El caso de Sinaloa exhibe la dimensión de este problema. Las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros personajes políticos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa colocaron al gobierno mexicano frente a una prueba de congruencia institucional.
Nadie debe ser condenado por una acusación, mucho menos cuando proviene de otro país. La presunción de inocencia debe respetarse sin excepciones. Pero ese principio tampoco puede convertirse en una licencia para la inacción, ni en un mecanismo de protección política frente a investigaciones que deben realizarse con independencia y rigor.
Lo verdaderamente preocupante es que Morena parezca confundir la defensa de la soberanía con la defensa de sus propios cuadros. Cualquier señalamiento contra sus integrantes corre el riesgo de convertirse, discursivamente, en una supuesta agresión contra México.
Ese razonamiento es inadmisible.
La soberanía no es patrimonio de un partido, ni una prerrogativa del gobierno en turno. Es un atributo del Estado y un derecho de la nación.
Trump puede amenazar nuestra integridad territorial mediante pretensiones intervencionistas; pero un poder criminal enquistado en las instituciones puede comprometer la independencia política, la seguridad y la propia existencia del Estado de derecho.
No son amenazas excluyentes. Ambas deben enfrentarse.
Porque el patriotismo no consiste en envolverse en la bandera para descalificar investigaciones incómodas. Consiste en impedir que México sea gobernado desde Washington, pero también desde las estructuras del narcotráfico.
La bandera nacional no puede servir para encubrir a quienes, desde el poder, pudieran estar entregando al crimen aquello que juraron defender: la República.