SENADO APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE DELITOS QUE PERMITEN LA PRISIÓN PREVENTIVA

El Senado de México aprobó este jueves la reforma constitucional que amplía los delitos por los que una persona puede permanecer arrestada sin cargos formales, con base solamente en las averiguaciones previas que hagan “probable” su responsabilidad. Se trata de la prisión preventiva.
Para su promulgación deberá ser aprobada por 17 de los 32 congresos estatales de México

La reforma modifica el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluye la extorsión, el tráfico de fentanilo y la falsificación de comprobantes fiscales como motivos suficientes para que la Policía arreste a una persona para después presentar sus argumentos ante un juez. La ley mexicana indica que una persona no puede permanecer más de 72 horas bajo arresto, y 144 horas cuando se trata de un crimen organizado.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), para el cierre de 2023 había 233.777 personas en prisión, de las cuales 37,3% permanece detenida sin que se le haya dictado sentencia.
La Corte Suprema de México indica que el plazo máximo que una persona puede permanecer detenida sin haber recibido sentencia no puede rebasar los dos años.

Anteriormente, los delitos que ameritan prisión preventiva eran “delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación”, de acuerdo con un documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La reforma fue aprobada con facilidad por la mayoría del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que obtuvo el poder de ambas cámaras y la presidencia del país en las elecciones del 2 de junio. La propuesta en el Senado obtuvo 94 votos a favor y 34 en contra.
Lucía Trasviña Waldenrath, senadora de Baja California Sur por Morena, justificó la decisión como “una medida para proteger a las víctimas” y afirmó que las nuevas disposiciones “cerrarán la puerta a la impunidad”, aunque admitió que se trata de “una medida excepcional, sí, pero indispensable”.