CONTRACORRIENTE

Claudia Sheinbaum inicia su mandato presidencial enfrentando una encrucijada que definirá el rumbo de México: ¿romperá el pacto de impunidad con el crimen organizado heredado de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, o continuará bajo la sombra de acuerdos que han permitido la expansión de los cárteles? La respuesta a esta pregunta determinará si su gobierno será recordado por restaurar la justicia o perpetuar la violencia que azota al país.
Según el índice anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 2024, 20 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en México, incluyendo Acapulco y Tijuana. Esta alarmante realidad es el resultado de políticas permisivas que, bajo el lema “abrazos, no balazos”, facilitaron la proliferación de grupos criminales durante el sexenio anterior. La inacción y, en algunos casos, la complicidad gubernamental, han dejado a la ciudadanía a merced de la delincuencia.
La comunidad internacional ha tomado nota. El gobierno de Estados Unidos ha designado a seis cárteles mexicanos, entre ellos el CJNG y el Cártel de Sinaloa, como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida busca intensificar la lucha contra el narcotráfico, pero también ha generado tensiones diplomáticas y debates sobre la soberanía nacional. Sheinbaum ha rechazado categóricamente cualquier intervención extranjera, enfatizando la necesidad de soluciones internas y cooperación bilateral basada en el respeto mutuo.
Sin embargo, las acciones del nuevo gobierno han mostrado un cambio de estrategia. En los primeros 100 días de su administración, se reportaron más de 7,700 detenciones relacionadas con delitos de alto impacto, la incautación de 66 toneladas de drogas y el desmantelamiento de 115 laboratorios de metanfetaminas. Estas cifras, presentadas por el propio gobierno federal, indicarían una postura más firme contra el crimen organizado, contrastando con la política de contención previa. No obstante, la eficacia a largo plazo de estas medidas dependerá de una estrategia integral que aborde las raíces socioeconómicas de la violencia y fortalezca el Estado de derecho.
Sheinbaum se encuentra en una posición frágil. Por un lado, debe demostrar autonomía y determinación para desarticular las redes criminales que han infiltrado diversas esferas del poder. Por otro, enfrenta la presión de actores políticos y económicos que se beneficiaron del status quo anterior. Su capacidad para navegar esta compleja realidad y ejecutar políticas efectivas será crucial para recuperar la confianza ciudadana y redefinir el futuro de México.
México está en un punto de inflexión. La administración de Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de romper con ciclos de impunidad y violencia que han lacerado al país, pero también el riesgo de consolidar un modelo donde el crimen organizado siga operando con protección política. La encrucijada es clara: optar por un camino de justicia y reconstrucción, o perpetuar dinámicas que solo han traído dolor y desconfianza.
El tiempo y sus decisiones marcarán el destino de la nación.