CONTRACORRIENTE

El huachicoleo no ha desaparecido. Solo se ha transformado. Y hoy, representa una amenaza mayor que nunca para la economía formal, para la legalidad y para los empresarios gasolineros que intentan operar dentro del marco de la ley.
 
Durante este sexenio, el gobierno ha repetido que el huachicol ya fue erradicado. Pero los datos muestran lo contrario. Por un lado, las pérdidas fiscales acumuladas —es decir, el dinero que el Estado ha tenido que absorber por el robo, contrabando o subsidios distorsionados relacionados con los combustibles— superan los 183 mil millones de pesos. Y por otro, cada día se dejan de recaudar más de 35 millones de pesos en impuestos debido a la venta ilegal de unos cinco millones de litros de gasolina y diésel, que entran o circulan en el país sin pagar IVA, IEPS, ni los controles legales correspondientes. Una cosa es lo que se pierde por lo que ya se robó y otra es lo que el Estado deja de cobrar por lo que sigue fluyendo en la ilegalidad.
 
Pero el golpe más fuerte no lo recibe Pemex. Lo reciben las más de 13 mil estaciones de servicio formales del país, muchas de las cuales han visto reducidas sus ventas hasta en 30%, por culpa de la venta clandestina de combustibles en carreteras, en tambos, por redes criminales o por importadores que disfrazan el producto para evadir impuestos.
 
En Zacatecas, como en otros estados, los gasolineros compiten contra un mercado negro impune y cada vez más descarado. Operar conforme a la ley ya no es rentable. El contrabando fiscal, el robo a ductos, la venta ilegal en zonas rurales y carreteras, han convertido al empresario formal en el eslabón más débil de la cadena energética.
 
Lo más grave es que el Estado mexicano ha fracasado en contener este fenómeno y en reconocer su nueva dimensión. El huachicol ya no es solo una toma clandestina en Hidalgo. Ahora es una red nacional de contrabando con complicidades institucionales, tráfico fronterizo, corrupción aduanera y un sistema de impunidad que protege a los grandes operadores.
 
Pemex, Hacienda, la CRE y el gobierno federal, saben lo que pasa pero no actúan. No por desconocimiento, sino por incapacidad o complicidad. Mientras tanto, el mensaje que se manda es claro: es más rentable violar la ley que cumplirla.
 
Combatir el huachicol hoy exige más que operativos militares. Exige voluntad política, depuración institucional, inteligencia financiera y una estrategia nacional para proteger al sector gasolinero legal. Porque si los que cumplen la ley no pueden competir, entonces el crimen ya ganó.
 
Y el combustible que mueve a México ya no será la energía, sino la impunidad.