¿POR QUÉ QUIEREN CALLAR A LOS SACERDOTES?
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN FRENTE A LA CENSURA DIGITAL

En México, la libertad de expresión y la libertad religiosa no son privilegios. Son
derechos humanos que costaron décadas de lucha y que hoy están nuevamente en riesgo.
La reciente iniciativa que pretende reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público busca someter a los sacerdotes, pastores y líderes religiosos a los lineamientos de una agencia gubernamental llamada Agencia de Transformación
Digital y Telecomunicaciones bajo el argumento de “regular su actividad en redes sociales”.
Pero detrás de esa aparente modernización se esconde algo más grave: una estrategia para controlar la voz moral que aún resiste en el país.
La Ley de Asociaciones Religiosas fue creada en 1992 con un espíritu conciliador:
reconoce el derecho a profesar libremente una fe, pero garantiza al mismo tiempo la separación entre Iglesia y Estado.
Tres décadas después, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación busca
“actualizarse” para incluir a las redes sociales. El texto de la propuesta establece que los ministros de culto deberán alinearse a los lineamientos digitales que emita una agencia del propio gobierno, lo cual implicaría que una autoridad civil podría decidir qué puede o no puede publicar un sacerdote, qué videos se permiten y
cuáles deben retirarse.
¿Es eso libertad o censura? ¿Y por qué ahora?
No es casualidad que este intento de control llegue justo cuando la voz de la Iglesia y de los ministros de fe ha sido una de las pocas que todavía denuncia la violencia que el país sufre.
En los últimos años, más de 30 sacerdotes han sido asesinados en México por el crimen organizado, según registros del Centro Católico Multimedial. Han muerto por
levantar la voz, por proteger comunidades y por negarse a guardar silencio ante el terror.
Casos como el de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados en 2022 dentro de una iglesia en Chihuahua, siguen marcando al país. Y mientras los sacerdotes caen por la violencia, desde el poder se pretende limitar su palabra. No con balas, sino con lineamientos, reglamentos y censura digital.
El artículo 6° de nuestra Constitución protege el derecho a manifestar ideas. El artículo 7° prohíbe la censura previa. Y el artículo 24° garantiza la libertad religiosa yde conciencia. Ningún gobierno, por más popular o poderoso que sea, puede ponerse por encima de estos principios.
Condicionar lo que un sacerdote publica en redes, o exigir que se “alinee” a reglas gubernamentales, es una forma moderna de persecución ideológica. En lugar de proteger la pluralidad, se busca uniformar el pensamiento. Y un país que sólo permite una voz es un país que ya no escucha.
Los ministros de culto no son enemigos del Estado. Son ciudadanos con derechos.
Su voz, desde el púlpito o desde una red social, no sólo habla de religión: también
habla de humanidad, de justicia, de consuelo y de verdad. Callarlos sería renunciar a una parte esencial de nuestra identidad como nación.
El Estado laico debe garantizar respeto, no silencio. Debe proteger la libertad, no
administrar. Debe escuchar a todas las voces, incluso a las que lo incomodan.
La Legislatura Nacional debe actuar con responsabilidad histórica. Actualizar una ley no puede convertirse en pretexto para censurar. Los diputados y senadores deben garantizar que ninguna autoridad tenga poder para definir qué es “aceptable”
o “inaceptable” en materia de fe. Porque cuando se empieza a callar la palabra de los sacerdotes, lo siguiente en ser silenciado será la conciencia del pueblo.
«En México, la fe no se censura.
La verdad no se calla.
Y la libertad no se negocia”