EU PONE EN LA MIRA A MONDELEZ Y A PMI EN MÉXICO POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS LABORALES BAJO EL T-MEC

Estados Unidos activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC contra Mondelez en Puebla y PMI en Campeche por presuntas violaciones a la libertad sindical y negociación colectiva.
Estados Unidos activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC para investigar presuntas violaciones a derechos laborales en dos centros de trabajo en México vinculados a Mondelez y a PMI Norteamérica, ubicados en Puebla y Campeche, respectivamente.

En ambos casos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) solicitó formalmente al gobierno mexicano revisar si a los trabajadores se les ha negado el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, ejes centrales de la reforma laboral mexicana y del capítulo laboral del tratado comercial.
Las solicitudes derivan de peticiones presentadas por sindicatos independientes mexicanos y, de confirmarse las irregularidades, podrían derivar en medidas comerciales, incluida la suspensión del trato preferencial a mercancías asociadas a las instalaciones investigadas.
Investigación laboral del T-MEC alcanza a Mondelez en Puebla
En un comunicado, el USTR informó que invocó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra Mondelez México, S. de R. L. de C. V., en su planta ubicada en Puebla.
La medida busca determinar si en ese centro de trabajo se han vulnerado los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva. Como parte del proceso, Estados Unidos suspendió el pago de las entradas de mercancías no liquidadas provenientes de Mondelez México, que fabrica dulces, bebidas y otros alimentos.

El caso se originó a partir de una petición presentada el 12 de noviembre de 2025 por la Unión General de México (UGM), un sindicato independiente, ante el Comité Interinstitucional de Supervisión y Cumplimiento Laboral, copresidido por el Representante Comercial de Estados Unidos y el Secretario de Trabajo.
Según la petición, la empresa y el sindicato titular habrían interferido en la actividad sindical y tomado represalias contra trabajadores quebuscaban organizar un sindicato independiente, incluyendo amenazas, negación de acceso a las instalaciones, reasignaciones laborales discriminatorias, despidos y cesantías.
Tras revisar la información, el comité determinó que existían “pruebas suficientes y creíbles de una denegación de derechos”, lo que dio pie a la solicitud formal de revisión al gobierno mexicano