MÉXICO EN 2025: RECONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL, POLARIZACIÓN POLÍTICA Y DESAFÍOS A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.

El año 2025 marcó un punto de inflexión significativo en la esfera política e
institucional de México. Una confluencia de reformas estructurales, crecientes
tensiones sociales, la persistencia de la violencia y una polarización política
intensificada configuraron un escenario complejo. Este panorama puso a prueba la resiliencia del sistema democrático, el equilibrio entre los poderes del Estado y la capacidad gubernamental para responder eficazmente a las demandas ciudadanas.
Un acontecimiento central fue la celebración, en junio de 2025, de las primeras elecciones judiciales populares en la historia del país. Por primera vez, la ciudadanía eligió directamente a jueces y magistrados federales, incluyendo a miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales electorales. Aunque presentado como un avance hacia la democratización del Poder Judicial, la baja participación ciudadana aproximadamente el 13% generó un amplio debate sobre la legitimidad del proceso, la independencia judicial y los riesgos inherentes de politización de los tribunales.
Simultáneamente, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum continuó impulsando una ambiciosa agenda de reformas. Destacaron las iniciativas orientadas a fortalecer los derechos laborales, especialmente la integración de los trabajadores de plataformas digitales a los esquemas de seguridad social, y la profundización de la transformación del sector energético. En el ámbito político, el partido gobernante, Morena, demostró una notable cohesión interna frente a las críticas de la oposición y de cara a las elecciones intermedias de 2027, consolidando su posición como fuerza hegemónica en el escenario nacional.
No obstante, este proceso de reformas se desarrolló en un contexto de creciente descontento social. Durante 2025, se registraron movilizaciones masivas en diversas ciudades del país, impulsadas en gran medida por la Generación Z. Las protestas exigieron justicia ante la violencia del crimen organizado, el esclarecimiento de casos de corrupción y un cambio profundo en las prácticas gubernamentales. La indignación social se agudizó en Michoacán tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo y otros episodios de violencia política, lo que desencadenó protestas exigiendo justicia y la dimisión de autoridades.
La violencia ligada al crimen organizado persiste como uno de los desafíos más
apremiantes para el Estado mexicano. Los asesinatos de funcionarios locales, la violencia política y las manifestaciones ciudadanas por la inseguridad mantuvieron este tema en el centro del debate público, intensificando la presión social sobre la estrategia de seguridad gubernamental.En el ámbito legislativo, la polarización política alcanzó niveles sin precedentes. El Congreso de la Unión se convirtió en un espacio de confrontación permanente, marcado por enfrentamientos verbales e incluso físicos durante la discusión de
reformas constitucionales y temas de transparencia. En este contexto, el Partido Acción Nacional (PAN) asumió un papel relevante como principal fuerza de oposición, denunciando de manera sistemática la falta de diálogo, la imposición de mayorías y el uso del Congreso como un instrumento de validación automática de iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo. Legisladores panistas señalaron que esta dinámica debilitó la deliberación democrática y redujo la calidad legislativa, profundizando la fractura entre poderes.
En materia de política exterior, el gobierno de Claudia Sheinbaum adoptó una postura activa frente a la crisis en Venezuela, promoviendo llamados ante
organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, para evitar un derramamiento de sangre y rechazando cualquier forma de intervención extranjera. No obstante, esta estrategia fue objeto de críticas por parte de la oposición, particularmente del PAN, al considerar que la posición del gobierno mexicano resultó ambigua e inconsistente, al privilegiar un discurso de no intervención sin condenar de manera clara las violaciones a los derechos humanos ni asumir un liderazgo diplomático firme. Asimismo, esta postura generó tensiones innecesarias con Estados Unidos y otros actores regionales, evidenciando limitaciones en la conducción de la política exterior.
De manera transversal, analistas y especialistas advirtieron que la concentración de poder en el partido gobernante, sumada a la implementación acelerada de reformas estructurales, comenzó a erosionar los contrapesos democráticos. En este escenario, el PAN insistió en la necesidad de preservar la autonomía de los poderes del Estado y alertó sobre los riesgos de incertidumbre jurídica, debilitamiento institucional y una reducción efectiva de la separación de poderes. Estas preocupaciones se intensificaron tras los cambios en la presidencia y la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocurridos en un entorno político altamente polarizado y bajo cuestionamientos sobre la independencia judicial.
Finalmente, la agenda pública de 2025 estuvo marcada por una persistente
percepción de corrupción, así como por intensos debates económicos en torno al presupuesto federal, recortes y prioridades del gasto público. La oposición acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de falta de transparencia y planeación, particularmente en áreas sensibles como seguridad y política social, donde los resultados no corresponden con las expectativas generadas por el discurso oficial.
En conjunto, el año 2025 evidenció que México atraviesa una etapa de profundas transformaciones, en la que el reto central será defender la estabilidad democrática, fortalecer los contrapesos institucionales y evitar la concentración excesiva de poder, en un contexto de elevada tensión política y social.