EL NARCO COMO PODER BELIGERANTE EN ZACATECAS: LA EROSIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

En Zacatecas, el crimen organizado ha dejado de ser únicamente una expresión delictiva para convertirse, en los hechos, en un actor con pretensiones de poder territorial, económico y normativo. La evidencia muestra que diversos grupos criminales han asumido funciones reservadas al Estado, lo que permite analizarlos bajo la categoría de poder beligerante de facto, aunque sin reconocimiento formal en el derecho internacional.
 
Uno de los rasgos más visibles de esta mutación es el cobro sistemático de un “narco-impuesto”. Ganaderos, comerciantes y productores agrícolas enfrentan cuotas sobre cabezas de ganado, distribución de cerveza y cigarros, así como sobre la comercialización del frijol, producto emblemático de la economía zacatecana. Este esquema reproduce, en su lógica, un sistema fiscal paralelo: existen tarifas, sanciones por incumplimiento y mecanismos de coerción. La diferencia sustancial es que la recaudación no se orienta al interés público, sino al sostenimiento de estructuras armadas ilegales.
 
Desde la perspectiva jurídica, esta práctica constituye una usurpación directa de funciones públicas, particularmente de la potestad tributaria que, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución mexicana, corresponde exclusivamente al Estado. La persistencia del cobro y su aceptación forzada por amplios sectores sociales revelan un problema más profundo: la incapacidad institucional para garantizar seguridad y legalidad en vastas zonas del territorio.
 
A ello se suma un fenómeno aún más grave: la impartición de “justicia” por parte de grupos criminales. Conflictos vecinales, deudas, robos menores o disputas comerciales son resueltos mediante castigos corporales, ejecuciones o expulsiones, al margen —y en sustitución— de ministerios públicos y tribunales. Este sistema punitivo informal vulnera de manera absoluta los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la legalidad penal, pilares del Estado constitucional de derecho.
 
La presencia del narco en desfiles y celebraciones festivas, ya sea mediante financiamiento, control logístico o participación directa, tiene una carga simbólica decisiva. No se trata solo de una provocación, sino de un mensaje político: la normalización del poder criminal en el espacio público y su aceptación social, resultado del miedo, la cooptación o la ausencia del Estado. En términos jurídicos, esta visibilidad refuerza el control territorial y consolida un orden paralelo.
 
Zacatecas enfrenta así un escenario en el que el monopolio estatal de la fuerza, la recaudación y la justicia se encuentra severamente debilitado. Reconocer esta realidad no implica legitimar al crimen organizado, sino dimensionar el desafío institucional. Mientras el Estado no recupere efectivamente sus funciones básicas, el narco seguirá operando como un poder beligerante interno, erosionando la soberanía, la legalidad y la confianza social.
 
La cuestión no es si existe un Estado paralelo, sino la magnitud de la cesión institucional que lo ha permitido. Y esa, más que una crisis de seguridad, es una crisis constitucional que exige respuestas inmediatas: restaurar el monopolio legítimo de la fuerza, reconstituir la autoridad fiscal y garantizar justicia imparcial. Solo así podrá reestablecerse el Estado de Derecho y evitar que la criminalidad se consolide como poder soberano de facto.