PRESUPUESTO 2026: EL DELICADO EQUILIBRIO ENTRE LA URGENCIA SOCIAL Y LA FIRMEZA FISCAL.

El inminente debate en torno al Presupuesto de Egresos 2026 nos coloca, una vez más, en el epicentro de un dilema recurrente y profundamente complejo de nuestra política económica: ¿cómo podemos, como nación, responder con contundencia a las crecientes demandas sociales sin, al mismo tiempo, poner en jaque la estabilidad financiera que tanto nos ha costado construir? En un escenario donde los recursos son finitos y las presiones estructurales no ceden, el verdadero desafío no reside simplemente en asignar más fondos, sino en asegurar que cada peso se utilice de manera eficiente, transparente y, sobre todo, sostenible.
No es raro escuchar que el incremento del gasto público se postule como la
panacea para impulsar el bienestar social. Sin embargo, la realidad, como
demuestran diversos análisis, es que un mayor presupuesto no siempre se traduce automáticamente en mejores servicios públicos o en una reducción palpable de las desigualdades. Esto nos obliga a dar un paso atrás y replantear la base misma de la discusión: la cuestión cardinal no es meramente cuánto se invierte, sino cómo se ejecuta esa inversión y qué resultados tangibles produce.
Un flanco especialmente vulnerable es la deuda acumulada por estados y
municipios. Aunque el endeudamiento puede ser una herramienta legítima para catalizar proyectos productivos o de infraestructura vital, su manejo sin una planificación rigurosa y sin la disciplina financiera necesaria engendra riesgos considerables. La ausencia de evaluaciones de impacto claras y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas ha propiciado que, con demasiada frecuencia, esta deuda no se refleje en mejoras concretas para la ciudadanía, legando una carga financiera a las generaciones futuras. A esta problemática se suma una dependencia financiera, a veces asfixiante, de los gobiernos locales respecto a la Federación. En México, la vasta mayoría de los municipios obtienen más del 80% de sus ingresos a través de transferencias federales. Esta dinámica no solo erosiona su autonomía fiscal, sino que también capacidad de planificar a largo plazo. Una situación que, sin duda, frena el desarrollo local y que grita por un federalismo fiscal más equitativo, uno que se atreva a conjugar una distribución justa de los recursos con una mayor responsabilidad en su ejercicio.
Por ende, la eficiencia y la transparencia en el gasto público no son meros añadidos, sino pilares innegociables para cualquier discusión presupuestal que se precie de seria. Cada partida asignada debe estar anclada en objetivos nítidos, acompañada de indicadores medibles y sujeta a procesos de fiscalización que sean plenamente accesibles para la ciudadanía. La opacidad, el subejercicio y la tentación del usopolítico del presupuesto no solo corroen la confianza pública, sino que también socavan la capacidad intrínseca del Estado para responder de manera efectiva a las necesidades más apremiantes de la sociedad.
El Presupuesto 2026, entonces, se alza como una oportunidad decisiva para sentar las bases de un modelo de finanzas públicas intrínsecamente más responsable.
Conjugar la atención prioritaria a los sectores más vulnerables con una robusta estabilidad macroeconómica, fortalecer las finanzas estatales y municipales sin abrirla puerta a endeudamientos irresponsables, y priorizar el gasto con base en resultados concretos son tareas que no admiten dilación. La responsabilidad fiscal, lejos de ser un impedimento para el desarrollo, es, de hecho, la condición sine quanon para garantizar de manera perdurable.