EL PRECIO DE GARANTÍA… Y EL PRECIO DEL ABANDONO DEL CAMPO.

En el papel, el precio de garantía del frijol es una promesa noble: que ningún campesino tenga que malbaratar el fruto de su trabajo. En la realidad zacatecana, esa promesa se ha ido desdibujando entre bodegas saturadas, pagos tardíos y una figura tan antigua como persistente: el coyote.
Zacatecas no solo produce frijol; vive del frijol. En amplias zonas del estado, donde la tierra es dura y las opciones escasas, este cultivo no es un negocio: es subsistencia, identidad y herencia. Por eso, cuando el esquema que debía proteger al productor falla, lo que se rompe no es únicamente el mercado, sino la confianza.
El problema no radica en la idea del precio de garantía, sino en su ejecución. El Estado fija un precio, sí, pero no garantiza algo igual de importante: la posibilidad real de acceder a él. Los centros de acopio resultan insuficientes, los criterios de recepción muchas veces se vuelven barreras y los pagos, lejos de ser oportunos, se convierten en una espera incierta. Para quien tiene deudas que pagar, familia que sostener y una cosecha que no puede almacenarse indefinidamente, el tiempo no es un lujo.
Y es ahí donde aparece el coyote, no como anomalía, sino como consecuencia lógica de un sistema que no funciona. El intermediario paga menos, mucho menos, pero paga de inmediato. No pide papeles, no impone cuotas, no difiere pagos. En términos económicos, es más “eficiente” que el propio Estado. En términos sociales, es profundamente injusto.
El discurso oficial suele condenar el coyotaje, pero rara vez reconoce que lo alimenta. Porque mientras el gobierno no pueda comprar con rapidez, volumen y certeza, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar ese vacío. Y en ese terreno gris han surgido también señalamientos más delicados: la sospecha de que actores políticos toleran —o incluso se benefician— de estos esquemas de intermediación. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser técnico y se convierte en ético.
El resultado está a la vista: campesinos inconformes, bloqueos, descontento creciente y, sobre todo, una sensación de abandono. No es que el productor no quiera vender al gobierno; es que muchas veces el gobierno no está en condiciones reales de comprarle.
Hay algo profundamente contradictorio en todo esto. El Estado mexicano reconoce el derecho a la alimentación y promueve el desarrollo rural, pero permite que quienes producen los alimentos enfrenten mercados distorsionados, burocracias ineficientes y condiciones desiguales. Se protege el precio, pero no al productor.
La solución no pasa únicamente por aumentar el monto del precio de garantía. Pasa por garantizar su operatividad: más centros de acopio, reglas claras, pagos inmediatos y vigilancia efectiva. Pasa también por asumir responsabilidades cuando el sistema falla, porque no se trata de un favor gubernamental, sino de una política pública que debe funcionar.
Mientras eso no ocurra, el precio de garantía seguirá siendo, para muchos campesinos, una cifra lejana. Y el verdadero precio —el del abandono institucional— lo seguirán pagando quienes menos margen tienen para resistirlo.
En Zacatecas, el conflicto del frijol no es solo económico. Es un recordatorio incómodo de que entre lo que el Estado promete y lo que cumple, muchas veces hay un abismo. Y en ese abismo, cosecha tras cosecha, se sigue perdiendo algo más que dinero: se pierde dignidad.