Cuando los nicaragüenses creían haberlo visto todo, Daniel Ortega decidió ir un paso más allá. El presidente, que ha gobernado el país centroamericano con puño de hierro durante 25 años, 19 de ellos de forma ininterrumpida, anunció el domingo pasado que por orden suya los ciudadanos ya no podrán acudir a las urnas para elegir a sus gobernantes. “Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, sentenció el dirigente de 80 años, ante el alarido de miles de sus seguidores y colaboradores más leales

Ortega ya lo dominaba prácticamente todo en su país. En 2025, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad nombrar copresidenta a su esposa, Rosario Murillo. La pareja presidencial ejerce también control absoluto sobre los tribunales, la policía y las Fuerzas Armadas. Todos los opositores que llegaron con posibilidades a las últimas elecciones presidenciales en 2021 fueron encarcelados. Las protestas sociales han sido reprimidas y las quejas de campesinos, estudiantes, sacerdotes y periodistas, silenciadas. La mayoría de quienes se han atrevido a alzar la voz han acabado muertos, en la cárcel o en el exilio. En medio de un declive permanente, la eliminación del voto era, sin embargo, una línea que el régimen no había cruzado.

“Estamos hablando de las dictaduras más duras”, reseña Marina Nord, investigadora del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), que monitorea los sistemas políticos de 179 países. “El caso de Nicaragua no tiene precedentes, ningún otro país ha anunciado en el siglo XXI que ya no tendrá elecciones”, zanja la especialista.