EL COSTO DE DENUNCIAR: CUANDO ACUDIR A LA FISCALÍA SE CONVIERTE EN OTRA BATALLA

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Hay una frase que se repite cuando una persona es víctima de un delito: “denuncia”.
Parece sencillo. Acudir a la Fiscalía, contar lo sucedido, aportar pruebas y esperar que la autoridad haga su trabajo.
Pero para muchas víctimas, la denuncia no es el final de una pesadilla. Es apenas el comienzo de otra.
Porque una cosa es presentar una denuncia y otra, muy distinta, conseguir justicia.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha construido en los últimos años un discurso institucional alrededor de la atención a las víctimas. Su propio informe de resultados de 2025 habla de un modelo centrado en ellas, de acceso a la justicia, reparación integral y atención digna.
Sobre el papel, incluso existen herramientas que deberían facilitar el camino: predenuncia en línea, módulos de atención temprana y sistemas para solicitar medidas de protección.
El problema comienza cuando dejamos el papel y entramos a la realidad.
¿Qué ocurre después de presentar la denuncia?
¿Quién le explica a la víctima qué sigue?
¿Quién le informa qué diligencias se han realizado?
¿Quién le dice por qué una carpeta permanece meses sin avances?
¿Quién responde cuando una persona tiene que acudir una y otra vez a preguntar por una investigación que, en teoría, corresponde impulsar al Ministerio Público?
La víctima termina convirtiéndose en gestora de su propia carpeta.
Tiene que preguntar, insistir, presentar escritos, buscar asesoría, conseguir documentos, aportar información y, en muchos casos, contratar un abogado para entender un procedimiento que el propio Estado debería hacer comprensible.
Y aquí aparece una de las mayores contradicciones de nuestro sistema de justicia: el ciudadano tiene derecho a denunciar, pero denunciar no garantiza que será escuchado de manera efectiva.
No se trata de desconocer el trabajo de ministerios públicos, policías de investigación, peritos o fiscales. Muchos servidores públicos realizan su trabajo en condiciones difíciles y con cargas laborales importantes.
Precisamente por eso la discusión debe ser institucional.
Una Fiscalía fuerte no es aquella que solamente presume detenciones, vinculaciones a proceso o sentencias.
Una Fiscalía fuerte es aquella en la que una víctima puede saber qué ocurrió con su denuncia.
Es aquella donde una madre que busca a un hijo desaparecido no tiene que convertirse en investigadora.
Es aquella donde una víctima de violencia no tiene que regresar diez veces para conseguir una respuesta.
Es aquella donde el ciudadano no necesita conocer a un abogado para conseguir que su carpeta avance.
En julio pasado, la propia Fiscalía informó que trabajaba en una nueva legislación estatal en materia de desaparición y búsqueda de personas y que había participado en mesas de diálogo con colectivos y familias. Ese diálogo es importante, pero también plantea una obligación: escuchar a las víctimas significa transformar aquello que las víctimas están señalando.
Porque el verdadero indicador de una institución no está solamente en sus estadísticas.
Está en lo que siente una persona cuando sale de sus instalaciones después de denunciar.
¿Sale con esperanza?
¿Sabe qué va a suceder?
¿Tiene un nombre, un teléfono y una institución a la cual acudir?
¿O sale con un número de carpeta y la incertidumbre de no saber cuándo volverá a escuchar de su caso?
La justicia comienza con una denuncia, pero no termina ahí.
El Estado no puede pedirle a una víctima que tenga paciencia indefinidamente mientras el tiempo pasa, las pruebas desaparecen y las heridas permanecen.
Denunciar no debería ser otra batalla.
Y si para obtener justicia una víctima tiene que luchar contra el delincuente, contra la burocracia y contra el silencio institucional, entonces algo está fallando.
La pregunta no es si Zacatecas tiene una Fiscalía.
La pregunta verdaderamente incómoda es:
¿Qué tan fácil es para una víctima conseguir justicia después de cruzar sus puertas?