AVANZA EN EL SENADO LA LEY LAKEN RILEY

El proyecto de la Ley Laken Riley pretende dar más poder a funcionarios estatales antiinmigración y jueces federales para hacer cumplir las leyes de inmigración, incluida la posibilidad de detener a migrantes individuales.
Este proyecto de ley del Partido Republicano fue aprobado en la Cámara de Representantes de EE.UU. y avanza en el Senado con apoyo bipartidista. Es probable que los republicanos necesiten los votos de siete demócratas para la aprobación final.

La legislación lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante universitaria que fue violada y asesinada por un inmigrante indocumentado que había sido detenido y puesto en libertad en múltiples ocasiones. La condena de su asesinato —y de las políticas de inmigración de Biden que, según los republicanos, lo causaron— ocupó un lugar destacado en la campaña presidencial de Donald Trump y también en las de los republicanos con menos votos.
¿De qué trata la Ley Laken Riley?
Más poder a los estados
La Ley Laken Riley anularía los precedentes de la Corte Suprema de EE.UU. y daría a estados como Texas la capacidad de presentar los tipos de demandas de inmigración contra el Gobierno federal que han sido rechazadas por los tribunales, incluidos los jueces conservadores, dicen expertos legales.

Esta ley iría más allá, pues daría a los fiscales generales de los estados múltiples formas de intervenir en la forma en que el Gobierno federal aplica la ley de inmigración.

Lo anterior quiere decir que los estados podrían interponer demandas cuando consideren que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no está aplicando en toda su extensión los mandatos de la ley que obliga a detener a determinados migrantes.

Asimismo, los estados también podrían interponer demandas federales contra las decisiones del DHS o de los jueces de inmigración de poner en libertad a inmigrantes detenidos por presuntos delitos en sus entidades.
Las nuevas facultades legales solo se ejercerían en un sentido. Es decir, los estados podrían demandar al Gobierno federal por decidir poner en libertad a un inmigrante indocumentado bajo custodia, pero no autoriza demandas estatales para cuando una persona esté presuntamente detenida ilegalmente.
Los fiscales generales estatales también podrían solicitar órdenes judiciales federales para obligar al Departamento de Estado de EE.UU. a dejar de expedir visados a personas de un país que se niegue a aceptar a nacionales susceptibles de ser deportados.
Según Aaron Reichlin-Melnick, miembro del American Immigration Council, una disposición de este tipo permitiría, por ejemplo, al fiscal general de Texas, Ken Paxton, solicitar la prohibición de todos los visados para trabajadores cualificados procedentes de China o el fin de todo el turismo de negocios procedente de la India, porque esos países se niegan a repatriar a sus ciudadanos.