La Suprema Corte de Justicia de México inicia este 1 de septiembre una nueva etapa: ahora con nueve ministros en lugar de once, sin salas. Especialistas advierten que los cambios traen consigo nuevos retos, desde la falta de experiencia de más de la mitad de los ministros, hasta el riesgo de retrocesos en derechos ya conquistados.

Con la entrada en funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 1 de septiembre, el máximo tribunal de México enfrentará una serie de retos derivados de su nueva integración.
La reforma judicial aprobada en 2024 establece que la Suprema Corte pasará de 11 a nueve ministros y dejará de funcionar en dos salas, por lo que todos los asuntos serán atendidos directamente por el pleno. En esa misma fecha entrarán en funciones otros 872 nuevos cargos, entre ellos magistrados electorales, de circuito y jueces de distrito.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Juan Jesús Garza Onofre, advirtió que esta reconfiguración plantea riesgos inmediatos: “Esta reducción de 11 personas a nueve va a implicar una mayor carga de trabajo, porque históricamente la corte ha trabajado en salas, se van distribuyendo los asuntos dependiendo de la materia. Ahora todos los asuntos que lleguen a la corte van a tener que pasar por los escritorios de estas nueve personas”.
“Va a ser más difícil generar acuerdos, y una mayor carga de trabajo puede generar que los asuntos no se estudien tanto o que simple y sencillamente se construyan bloques mayoritarios”.

El profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodrigo Brito Melgarejo, coincidió en que la reducción de ministros podría contradecir el objetivo de la reforma judicial de 2024: “El que hayan desaparecido las salas, parecería ser contrario a la intención, que era hacer que la justicia fuera realmente pronta y expedita”.
Brito también alertó sobre posibles choques entre la presidencia de la Corte y el nuevo órgano de administración judicial, pues las decisiones presupuestales y administrativas ya no estarían en manos de la presidencia de la Corte, quien hasta antes de la reforma era también el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, órgano que regía el Poder Judicial. “Esto puede provocar choques si no se busca a la persona que pueda generar consensos tanto al interior de la Corte como al interior del órgano”, subrayó.
Rezago y falta de experiencia
Otros retos a vencer que van de la mano, dicen los expertos, son la falta de experiencia de los nuevos ministros sobre el quehacer y los tiempos de un tribunal como la Corte, lo que impactará en el rezago de los asuntos.

En 2025, los mexicanos eligieron por primera vez a ministros, magistrados y jueces. Con la reforma al Poder Judicial, pasaron de ser seleccionados tras un proceso basado en exámenes, trayectoria académica y experiencia jurisdiccional, a hacer campaña y ser votados por los ciudadanos.

Las actuales ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama se sometieron a votación popular y repetirán en el cargo. Mientras que María Estela Ríos González, Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinoza Betanzo, Arístides Guerrero García, Sara Herrerías Guerra y Hugo Aguilar Ortiz – quien será el presidente de la Corte – llegan por primera vez al máximo tribunal.

El mayor desafío será que la nueva Corte logre legitimarse a través de su trabajo: “Si la reforma buscaba legitimar al poder judicial, creo que ahora el reto del poder judicial es legitimarse a través de sus sentencias, que respeten la esfera de derechos y libertades de las personas”.