EDITORIAL “LA REFORMA ELECTORAL, LLENA DE TRAMPAS”

Claudia Sheinbaum presentó los 10 puntos de su reforma electoral y anunció que enviará la iniciativa al Congreso el lunes 2 de marzo. 
En lo público, el paquete se apoya en dos banderas populares: el hartazgo contra los plurinominales y el enojo por el financiamiento a partidos.
En lo político, el paquete llega sin el respaldo explícito del PT y del PVEM, aliados necesarios para cualquier reforma constitucional. Sin ellos no hay mayoría calificada.
Esa combinación coloca a la coalición gobernante y a la oposición en el mismo dilema:
• Defender plurinominales y dinero público se convierte en defensa de privilegios ante la opinión pública. 
• Aceptar el recorte significa reducir espacios de representación y recursos para competir, sobre todo para partidos pequeños.
En paralelo, el decálogo mezcla propuestas nuevas con puntos ya aprobados en 2025, como la no reelección y el nepotismo electoral con entrada en vigor hasta 2030.
Ese empaquetado permite usar la reforma como dispositivo de culpas. Si se cae, el oficialismo puede sostener que otros frenaron cambios que ya estaban comprometidos.

PT y PVEM ya mostraron resistencias en los dos puntos que les pegan directo, plurinominales y financiamiento. En este contexto, el decálogo funciona como dardo venenoso. Expone a aliados y oposición como defensores de prerrogativas.
El escenario más probable coloca el conflicto en el Congreso. Sheinbaum manda una propuesta dura. El Legislativo suaviza para lograr votos. Ese patrón ya ocurrió con la reforma de nepotismo, que terminó con aplicación hasta 2030.

Aunque Sheinbaum también podría manifestar su desacuerdo públicamente contra los cambios impulsados por sus aliados y obligar a Morena a rechazar la segunda versión de la Reforma Electoral.
En ambos casos, ofrece una salida política para Palacio Nacional. Preserva la narrativa de intención original y traslada el costo de descafeinar la reforma a coordinadores y aliados.
PLURIS Y ACORDEONES
El rediseño de representación cambia el modo de acceso al Congreso. Se mantiene el número de 300 diputaciones de mayoría, pero se elimina la lista cerrada tradicional.
La mitad de los 200 lugares se asignaría a “mejores perdedores”, es decir, segundos lugares con mejores porcentajes. La otra mitad se asignaría por voto directo dentro de circunscripción mediante listas abiertas.
La lista abierta abre competencia interna por persona y no sólo por partido. También eleva el incentivo de control territorial y de guías de voto. En 2025, la elección judicial mostró el mecanismo. Circularon acordeones impresos y digitales y se reportaron coincidencias altas con los resultados. Ese antecedente pone en riesgo el voto a favor de operación territorial.
La lista abierta también choca con acciones afirmativas. México ya obliga candidaturas para grupos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, diversidad sexual y migrantes. El Tribunal Electoral ha exigido que sean efectivas y no simbólicas.
En listas abiertas, la posición ganadora deja de depender de reglas predeterminadas y se vuelve más vulnerable a inducción del voto.

El decálogo promete recortar 25% el costo electoral y, al mismo tiempo, dar más tareas al árbitro en fiscalización y control del dinero. La fiscalización ya opera con cruces y auditorías, pero requiere músculo técnico y territorial. 
Además, se plantea desaparecer juntas distritales permanentes en años no electorales. El consejero Jaime Rivera ha señalado que esas juntas profesionales son el mejor mecanismo para elecciones imparciales y que sustituirlas por comités temporales sería una regresión de 45 años.
La reforma también plantea eliminar el PREP y pasar directo a cómputos distritales al cierre de la jornada. El PREP no define ganadores, difunde actas capturadas en tiempo real y permite seguimiento ciudadano la misma noche. 

Sin PREP, el país entra a la ventana más sensible de la elección sin datos preliminares estandarizados. Los cómputos oficiales pueden durar días. Ese vacío alimentará acusaciones de fraude y campañas de desinformación.
El paquete incluye regulación de inteligencia artificial, bots y calumnia. Una redacción amplia puede atentar contra la libertad de expresión y abrir la censura discrecional.
El ausente principal es la violencia electoral. La base de Data Cívica y Votar entre Balas reporta más de 2 mil ataques contra actores políticos desde 2018. El decálogo no incorpora herramientas específicas contra las narcoelecciones.