Como era esperado, la iniciativa de reforma electoral no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada. Se requerían por lo menos 334. Solo 259 diputados estuvieron a favor, mientras 234 en contra. El principal punto de disenso fue la representación proporcional y el financiamiento público de los partidos políticos, que buscaba debilitar a los minoritarios. 

Al día siguiente, la presidenta anunció el nuevamente llamado Plan B de la reforma, cuya iniciativa enviará esta semana al Congreso para su procesamiento. Hay varios datos relevantes que deben analizarse. 

Según señaló, presentó su primera propuesta, a sabiendas de que no sería aprobada, según dice, para cumplir con el compromiso que hizo de “enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente”. ¿De verdad esa iniciativa recogía lo que el pueblo, como lo denominan, desea que se modifique del sistema electoral? Los foros realizados por la comisión encargada de su redacción constituyeron en realidad monólogos que ningún impacto tuvieron.
La segunda propuesta tiene como principal objetivo, dice la presidenta, disminuir los privilegios en Congresos locales y en municipios, al imponer un tope máximo de los recursos que se les destinan, así como fortalecer la consulta popular. Como ejemplo hizo un ejercicio en el que dividió el presupuesto de egresos de los poderes legislativos entre número de integrantes por órgano, para obtener así el supuesto “costo por diputado”. Destacó que mientras en Baja California un diputado cuesta aproximadamente 35 millones de pesos al año, en Colima tan solo 5. Hay que decirlo, los presupuestos van mucho más allá de los salarios de funcionarios públicos y atienden a necesidades propias de cada Estado o municipio. Ahora, con ese mismo ejercicio ¿Cuánto cuesta la Presidenta o cada gobernador? ¿Si son muy onerosos, hay que reducirlos o eliminarlos? 
Lo que esperamos como iniciativa constitucional seguramente limitará el número de integrantes en Congresos y Municipios, permitirá que temas o reformas electorales puedan ser sometidas a consulta popular y ajustará las fechas de las revocaciones de mandato para empatarlas con las elecciones intermedias. 
Advierto mero discurso populista y poca operación política. La estrategia es clara. Primero, reducir la representación popular en gobiernos locales y municipales, con lo cual los principales afectados serán los partidos minoritarios. Segundo, obtener mediante consultas populares poco confiables lo que no se logró en la deliberación parlamentaria. Tercero, incluir en las boletas a la presidenta y gobernadores, para hacer campaña y utilizar recursos públicos en las elecciones intermedias. ¿Eso es lo que quiere la gente? ¿Quienes estuvieron en contra de la iniciativa lo tendrán presente? 
Además, hay aspectos que no fueron cuestionados por los partidos aliados a Morena, que buscan reducir recursos a las autoridades electorales, con lo que su autonomía e independencia se ve comprometida. ¿Se incluirá nuevamente eso en la iniciativa? 
En los próximos días nos daremos cuenta del calado de la reforma que se pretende. De entrada los temas no son menores y la forma de plantearlo pretende confundir. ¿Quién en su sano juicio está en contra de eliminar privilegios y dedicar esos recursos a necesidades sociales? Sin embargo, el objetivo es otro. Hay que estar atentos, porque no se vienen buenas noticias para nuestro sistema democrático, sin duda será una piedra más en el camino o solo quieren ver así, un clavo más al ataúd de la democracia.