LA NUEVA REFORMA A LA LEY DE AGUAS: ¿MODERNIZACIÓN O DESPOJO LEGALIZADO DEL CAMPO?

La nueva reforma a la Ley de Aguas se presenta como una actualización necesaria para “ordenar el uso eficiente del recurso hídrico”. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y del discurso progresista, se esconde una amenaza jurídica para el campo mexicano y, sobre todo, para quienes han sostenido históricamente la producción de alimentos: los campesinos.

El artículo 4 constitucional obliga al Estado a garantizar el derecho humano al agua con criterios de equidad y sustentabilidad. Pero la reforma, en lugar de fortalecer ese mandato, abre la puerta a una administración hídrica donde el acceso se condiciona a la capacidad de gestión y competencia económica. En otras palabras, se corre el riesgo de que el agua deje de ser un derecho y se convierta en un privilegio.

La preocupación principal radica en tres puntos delicados:

1. La priorización velada a industrias y grandes usuarios.
   Aunque el texto habla de “uso racional” y “aprovechamiento productivo”, omite mecanismos claros para evitar acaparamiento empresarial. La ley regula más al pequeño agricultor que al gran consumidor. Quien más contamina, paga —pero puede seguir explotando. Quien menos tiene, simplemente se le restringe.
2. Concesiones más cortas y fácilmente caducables.
   La norma presume eficiencia administrativa, pero en la práctica puede convertirse en un instrumento para arrebatar títulos a ejidos y comunidades que no puedan cumplir requisitos técnicos o pagar asesorías. La sequía no es argumento jurídico para la autoridad; para el campesino, es realidad cotidiana.
3. Participación social simulada.
   Se habla de consejos de cuenca y participación comunitaria, pero se reduce su capacidad vinculante. Escuchar no es lo mismo que decidir. El riesgo es claro: mesas de consulta sin poder real que legitimen decisiones ya tomadas.

Lo preocupante no es regular —toda legislación debe hacerlo— sino regular para excluir. El campo mexicano no compite en igualdad con el sector industrial; cargarlo con las mismas obligaciones es ignorar décadas de abandono público, infraestructura insuficiente y la falta de inversión estatal en tecnificación agrícola.

La reforma presume sustentabilidad, pero no garantiza presupuesto para restauración de ríos, captación de agua pluvial ni tecnificación de riego. Se exige responsabilidad sin ofrecer herramientas. Peor aún: se flexibiliza la transmisión de derechos entre particulares, lo cual puede convertir el agua en un activo comercial, no en un bien comunitario. Para decirlo claro, el mercado entra donde el Estado abdica.

El resultado puede ser devastador: concentración del agua, desplazamiento silencioso de agricultura campesina y encarecimiento de alimentos. La reforma no solo toca el agua —toca el maíz, la ganadería, las huertas, la vida rural y la permanencia del pueblo en su territorio.

Si el Legislativo quiere cumplir con la Constitución, debe reorientar la reforma hacia un modelo que priorice al pequeño productor con reglas diferenciadas, tarifas justas, estabilidad en concesiones y participación vinculante en decisiones hídricas. Porque modernizar no es privatizar, y administrar no es despojar.

El agua no pertenece ni a la burocracia ni al capital. Pertenece a la nación, y la nación se siembra diariamente desde el campo.

Defender el agua es defender la tierra. Defender la tierra es defender al campesino. Y defender al campesino, en un país como México, es defender la soberanía misma.