CONTRACORRIENTE

Lo sucedido esta semana en la Cámara de Diputados confirmó lo que ya sabíamos, pero que algunos aún se resisten a aceptar: la alianza entre Morena y el PRI no es accidental, es estructural. En los hechos, actúan como un solo bloque cuando se trata de proteger a los suyos, de encubrir abusos y de mantener intacto el pacto de impunidad que los une por debajo de la mesa.
 
La mayoría de Morena, acompañada por el PRI y el Partido Verde, votó para evitar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado por tentativa de violación. El argumento fue predecible: que la carpeta de investigación estaba mal integrada. Como si ese fuera un hecho excepcional en el sistema judicial mexicano.
 
Lo que en realidad ocurrió fue un blindaje político. No importó la naturaleza del delito ni el reclamo de justicia; importó proteger a un aliado incómodo, pero útil. El PRI, que presume ser una oposición responsable, volvió a entregar sus votos al oficialismo cuando más se necesitaban. Y Morena, que se dice distinto, operó con la misma lógica priista de siempre: cuidar al grupo, no al país.
 
Esta alianza no es nueva. Se ha activado para reformas constitucionales, para el control del Poder Judicial, para los nombramientos de órganos autónomos… y ahora también para encubrir a un funcionario señalado por violencia sexual. Ya no hay diferencia ideológica, solo intereses compartidos.
 
Lo más grave es el mensaje que envían: en México, la justicia puede esperar si el acusado tiene fuero y favores que pagar. Y si la causa es incómoda, como lo es toda denuncia de violencia de género cuando toca al poder, se diluye en trámites, tecnicismos y votos acomodaticios.
 
La verdadera coalición dominante en este país no se llama Morena, ni PRI. Se llama impunidad, y está más viva que nunca.