MARZO, MES DE LA MUJER: AVANCES NACIONALES Y DESAFÍOS URGENTES EN ZACATECAS

Marzo en México se ha convertido en un espacio de evaluación pública sobre el
estado de los derechos de las mujeres. Más allá del simbolismo del 8 de marzo, la fecha obliga a revisar cifras, políticas públicas y resultados concretos. En 2026, el país muestra avances normativos importantes; sin embargo, en entidades como Zacatecas, los retos estructurales adquieren un rostro más urgente.
Este análisis revisa cinco ejes clave violencia de género, acceso a justicia,
autonomía económica, percepción de inseguridad y movilización social con una mirada que articula el panorama nacional y su impacto local.
Reformas contra la violencia de género: avances legislativos frente a
realidades persistentes
México ha fortalecido en los últimos años su marco jurídico para sancionar el acoso sexual, el acecho y el abuso sexual, ampliando supuestos de persecución de oficio.
Estas reformas responden a una problemática estructural: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), más del 70% de las mujeres mexicanas de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
En Zacatecas, la problemática no es ajena. Organizaciones civiles han
documentado que las mujeres enfrentan barreras adicionales para denunciar,
derivadas tanto del temor a represalias como de la desconfianza institucional. La dispersión geográfica de comunidades rurales complica el acceso a ministerios públicos y centros de atención especializada.
El reto local no es únicamente normativo: es de implementación. Sin capacitación constante, seguimiento judicial y protección efectiva a víctimas, la reforma legal pierde impacto en la vida cotidiana.
Centros de apoyo y fortalecimiento institucional: cobertura aún desigual
La Secretaría de las Mujeres ha impulsado la creación de Centros LIBRE como espacios de atención integral con asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y capacitación económica. Estos modelos buscan articular prevención, atención y empoderamiento.
En Zacatecas, los esfuerzos institucionales existen, pero la cobertura y capacidad operativa siguen siendo limitadas frente a la demanda real. Municipios alejados de la capital estatal enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios especializados, lo que profundiza brechas territoriales.Diversos estudios subrayan que la autonomía económica es un factor determinante para romper ciclos de violencia (ONU Mujeres, 2020). Por ello, la consolidación presupuestal y la coordinación entre niveles de gobierno resultan fundamentales para que estos centros no operen de forma intermitente o insuficiente.
Brecha económica: desigualdad que se acentúa en lo local
A nivel nacional, el INEGI (2023) señala que la tasa de participación económica
femenina continúa por debajo de la masculina y que persisten diferencias salariales significativas. Además, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado recae mayoritariamente en mujeres.
En Zacatecas, donde la economía depende en buena medida del sector servicios, comercio y actividades primarias, las oportunidades laborales formales para mujeres son más limitadas. La migración masculina también ha generado dinámicas en las que las mujeres asumen responsabilidades económicas y familiares adicionales sin
respaldo institucional suficiente.
La falta de sistemas de cuidado accesibles y de programas de financiamiento específicos para emprendimientos femeninos limita la movilidad social. Las mujeres indígenas y rurales enfrentan una doble vulnerabilidad: menor acceso a empleo formal y mayores barreras educativas.
Inseguridad y percepción de riesgo: impacto diferenciado en Zacatecas
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reporta que las mujeres
manifiestan mayores niveles de percepción de inseguridad que los hombres (INEGI, 2023). Este fenómeno adquiere particular relevancia en estados con alta incidencia delictiva.
En Zacatecas, la violencia vinculada al crimen organizado en años recientes ha
impactado la percepción de seguridad en espacios públicos. Para muchas mujeres, esto significa restringir horarios, rutas y actividades laborales o académicas.
La seguridad con perspectiva de género implica no solo presencia policial, sino
iluminación urbana adecuada, transporte público seguro, prevención comunitaria y atención integral a víctimas. Sin una estrategia transversal, la inseguridad termina limitando derechos fundamentales como movilidad, trabajo y educación.
8 de marzo y movilización social: vigilancia ciudadana desde lo local
El Día Internacional de la Mujer, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, se ha convertido en un termómetro social. En Zacatecas, las marchas del 8M han ganado visibilidad en los últimos años, incorporando demandas específicas sobre desapariciones, feminicidios y acceso efectivo a justicia.La movilización feminista ha sido un motor clave para colocar estos temas en la agenda pública nacional (ONU Mujeres, 2020). A nivel estatal, las colectivas han desempeñado un papel relevante en el acompañamiento a víctimas y en la exigencia de transparencia institucional.
Más que actos simbólicos, estas manifestaciones funcionan como mecanismos de rendición de cuentas ciudadana.
Zacatecas frente al desafío de traducir normas en resultados
El balance de 2026 muestra que México cuenta con un marco normativo robusto en materia de igualdad de género. No obstante, el caso de Zacatecas evidencia que la brecha entre legislación y realidad sigue siendo amplia.
La violencia, la inseguridad y la desigualdad económica requieren políticas integrales sostenidas en presupuesto, evaluación y voluntad política. Marzo no debe limitarse a la conmemoración; debe consolidarse como un mes de revisión crítica y compromiso público.
La igualdad sustantiva no se logra únicamente desde el Congreso ni desde decretos administrativos. Se construye en territorios concretos, en comunidades específicas y en la vida cotidiana de mujeres que, incluso en contextos adversos, continúan exigiendo seguridad, autonomía y justicia.