¿Las candidaturas se ganan… o se pagan?

A menos de un año de la próxima elección en Zacatecas, una pregunta no deja de rondar mi cabeza.
Después de escuchar durante años las experiencias de personas que buscaron
participar en la vida pública desde diferentes partidos políticos, encontré una historia que se repite con demasiada frecuencia: para aspirar a una regiduría, una diputación o incluso una presidencia municipal, en algunos casos les solicitaron una aportación económica para poder ser considerados dentro de una planilla o acceder a una candidatura.
No hablo de las cuotas ordinarias de militancia que los partidos pueden establecer conforme a la ley. Me refiero a cantidades que, según diversos testimonios, representan el patrimonio de toda una familia. Esa realidad me llevó a formular una pregunta que, más allá de las preferencias políticas, merece una discusión seria:
¿Las candidaturas se ganan por trayectoria y capacidad… o se pagan?
La respuesta no es sencilla, pero sí existe un punto de partida muy claro: el
derecho a ser votado no pertenece a los partidos políticos; pertenece a la
ciudadanía.
El artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho de toda persona ciudadana «poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular», siempre
que cumpla con los requisitos establecidos por la ley. En otras palabras, ser candidato constituye un derecho político fundamental, no un privilegio reservado para quien tenga mayores recursos económicos.
Por su parte, el artículo 41 de la Constitución establece que los partidos políticos son entidades de interés público. Su finalidad consiste en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público. La Constitución no les otorga la facultad de convertir las candidaturas en un bien comercial.
La legislación también es clara respecto al financiamiento.
La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 50, señala que el
financiamiento de los partidos se integra por recursos públicos y privados, pero
establece un principio fundamental: el financiamiento público debe prevalecer
sobre el privado. Esto significa que el Estado aporta la mayor parte de los recursos para que los partidos puedan desarrollar sus actividades ordinarias y competir en las elecciones.Además, el artículo 53 de la misma ley reconoce únicamente determinadas
fuentes de financiamiento privado: cuotas de militantes, aportaciones de
simpatizantes, autofinanciamiento y aportaciones voluntarias de precandidatos y candidatos, todas ellas sujetas a límites, fiscalización y transparencia.
Lo que la ley no contempla es que una candidatura pueda condicionarse al pago de una determinada cantidad de dinero.
Y ahí comienza el debate.
Porque una cosa es que un aspirante apoye financieramente su campaña dentro de los márgenes legales y con plena transparencia.
Otra muy distinta es que la posibilidad de competir dependa de la capacidad
económica de quien aspira.
Si el dinero se convierte en el principal filtro para acceder a una candidatura,
entonces inevitablemente surge otra pregunta:
¿Estamos eligiendo a las personas más preparadas o únicamente a quienes
pueden pagar?
El problema no termina ahí.
Cuando una persona realiza una fuerte inversión antes incluso de iniciar la
campaña, muchos ciudadanos comienzan a preguntarse si quien llegue al cargo buscará recuperar ese dinero una vez que ejerza funciones públicas. No puede afirmarse que siempre ocurra; hacerlo sería irresponsable. Sin embargo, la simple percepción basta para generar desconfianza.
Y en democracia, la confianza vale tanto como los votos.
Los partidos políticos suelen afirmar que buscan a los mejores perfiles para
representar a la ciudadanía. Si esa premisa es verdadera, entonces la selección debería sustentarse en la preparación, la experiencia, el liderazgo, la cercanía con la gente y la capacidad de resolver problemas, no en la solvencia económica.
De lo contrario, miles de jóvenes, mujeres, líderes sociales, activistas, profesionistas
y ciudadanos con verdadera vocación de servicio quedan excluidos antes siquiera
de competir.
Eso empobrece la representación política.
Existe además un dato que pocas veces aparece en la conversación pública.
Para el ejercicio fiscal 2025, el Instituto Nacional Electoral aprobó 7 mil 354
millones 266 mil 504 pesos como financiamiento público para los partidos políticos nacionales. Ese recurso proviene de los impuestos que pagan todos los mexicanos y tiene precisamente el propósito de garantizar que la competencia política no dependa exclusivamente del dinero privado.Si los partidos ya cuentan con recursos públicos para cumplir su función
constitucional, resulta legítimo que la ciudadanía pregunte cómo se financian sus procesos internos de selección de candidaturas y bajo qué criterios se elige a quienes aparecerán en las boletas.
No se trata de acusar a un partido político en particular.
Tampoco de afirmar que todas las candidaturas se obtienen mediante aportaciones económicas.
Sería falso e injusto generalizar.
Se trata de abrir una discusión que fortalezca la democracia.
La transparencia no debería limitarse al uso de los recursos durante las campañas electorales; también debería alcanzar los procesos internos mediante los cuales se designan las candidaturas.
Porque la confianza ciudadana comienza mucho antes del día de la elección.
Comienza desde el momento en que se decide quién tendrá la oportunidad de
representar a la sociedad.
Hoy, a menos de un año del próximo proceso electoral en Zacatecas, vale la pena formular algunas preguntas:

¿Conocemos realmente cómo seleccionan los partidos a sus candidatos?
¿Predomina el mérito o la capacidad económica?
¿Deberían transparentarse todas las aportaciones económicas que realizan
quienes buscan una candidatura?
¿Estamos garantizando que cualquier ciudadano pueda ejercer plenamente
su derecho a ser votado?
¿La democracia cuesta?, ¡Claro que sí!
Organizar elecciones, capacitar funcionarios, instalar casillas y fiscalizar campañas requiere recursos públicos.
Lo que no debería tener precio es el ejercicio de un derecho constitucional.
Porque cuando la ciudadanía comienza a creer que las candidaturas pueden
depender del dinero y no del mérito, pierde legitimidad no solo un partido político.
¡PERDEMOS TODOS!