
Durante una sesión en el INE, el diputado priista Suarez Licona cuestionó la relación de la consejera presidenta Guadalupe Taddei con un proveedor del órgano electoral, exigiendo rendición de cuentas e insistiendo en que su intervención buscaba aclarar dudas de interés público sobre la institución y no cuestionar su capacidad operativa.
Por su parte, Guadalupe Taddei le solicitó que se apegara al orden del día establecido.
Una investigación señaló que una empresa proveedora del INE, beneficiada con contratos millonarios, tenía como apoderado legal al chofer de Taddei. Además, el representante legal de dicha compañía fue Octavio García González, quien fungió como director de Administración del instituto hasta abril de 2026.
El diputado Emilio Suárez Licona insistió en que su cuestionamiento responde a dudas de estricto interés público y no a un ataque a la capacidad operativa de la institución. Por su parte, la bancada del PRI en el Senado se sumó a las presiones exigiendo una aclaración inmediata ante la opinión pública.


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