A nadie debería sorprender el escándalo de corrupción de la expresidenta del INE. Ella fue dotada por el morenismo para ejercer un poder sin límites, con una iniciativa incluida a hurtadillas por un mandadero de Adán Augusto López en octubre de 2024 (artículo 45 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales), que le dio carta blanca para nombrar a toda la estructura directiva sin la aprobación ni consulta de los consejeros, modificando el dispositivo de acuerdos colegiados que había existido en el instituto.
Con tal poder, Taddei creó una red de funcionarios afines a ella que le permitió realizar todo tipo de estrategias para la aprobación de compras a empresas de amigos cercanos y cometer fechorías sin ningún dique legal. Ahora, la 4T se muestra sorprendida de los abusos, incluida la presidenta, cuando dicha modificación legal fue seguramente avalada por la inquilina de Palacio y de Palenque, y legitimada sin problema por la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos al servicio del partido en el poder.

El esquema era muy sencillo: poner a un aliado como árbitro de las elecciones aparentando autonomía. Taddei se convirtió así en una pieza eficaz y servicial que garantizaba la hegemonía del morenismo, justificando y defendiendo intereses, como la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, el uso de acordeones en la elección del Poder Judicial y, más recientemente, la falta de supervisión financiera-electoral en el inicio adelantado de candidaturas por parte de Morena y sus súbditos.
Sus patrocinadores tal vez no imaginaron el nivel de abuso al que llegaría Taddei, aunque sabemos que nunca la denunciarían. Recordemos el axioma morenista: “la lealtad vale más que la capacidad”, eso es lo importante. Pero no contaban con los videos y grabaciones de diversos medios mostrando lo podrido de una de las instituciones más confiables para los mexicanos. El escándalo frustró los planes de Palacio para las próximas elecciones. Es evidente que usarán su mayoría calificada para asegurar el nombramiento de la próxima presidencia del INE, como viene sucediendo en otras coyunturas. Ni duda cabe, pondrán a otro de los suyos. Nada de acuerdos de consenso con la oposición.
Una política sensata de la oposición y de las fuerzas democráticas sería deslegitimar la posible imposición y exhibir al gobierno por sus desplantes autoritarios. Al mismo tiempo, se tiene que exigir el castigo a Taddei y sus cómplices. De esto depende la transparencia y legalidad de las próximas elecciones. Mínimo.