Desde la salida de Guadalupe Taddei del INE se han escrito y comentado muchas cuestiones que evidencian la enorme corrupción e impunidad que caracterizó su gestión desde el principio. 
Su discrecionalidad no comenzó con la facultad otorgada por el Congreso, dominado por cierto por Morena, para hacer nombramientos directos desde la reforma a la Ley Electoral de octubre de 2024, la cual eliminó la colegiación del Consejo General, donde el pleno discutía y aprobaba democráticamente las decisiones para el mejor funcionamiento del Instituto.

No olvidemos que su elección se consumó por su cercanía con Morena, cuando ese partido y sus aliados decidieron facciosamente poner a una agente de la 4T, con evidentes intenciones de controlar al Instituto y, por consiguiente, el conteo de votos de la elección de junio de 2027.

Es una ingenuidad ignorar la carambola de tres bandas detrás de su llegada al INE. Al controlar la presidencia, el plan era redondo: resoluciones favorables al gobierno, manejo discrecional del presupuesto e intervención desde el principio sobre el resultado electoral.
Y cuando Taddei se vio frenada para controlar las decisiones del Instituto, Morena y aliados le operaron una reforma a modo, borraron de golpe la deliberación colegiada sobre perfiles y contratos sin vigilancia real. Sin embargo, esa misma opacidad unilateral terminó siendo su perdición. La falta de contrapesos facilitó el entramado de contratos millonarios con su círculo cercano que, al salir a la luz, destruyó su legitimidad y la obligó a renunciar. Taddei dejó de ser útil; sin embargo, el Instituto queda en la crisis más profunda de su historia.
Esperemos que Morena y aliados se hagan cargo del desastre y no intenten simular otra elección imparcial, cuando elijan a la nueva presidenta del INE, y realmente enmienden la Ley, concretando la reforma que acaban de proponer. Es interesante cómo ahora reaccionan dizque sorprendidos del resultado de sus propias reformas.
Por eso se requiere corregir a fondo el deterioro sistémico del Instituto Nacional Electoral. Y restablecer su legalidad y legitimidad, respetando lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el INE debe ser un Órgano Constitucional Autónomo legalmente establecido, con una estructura y atribuciones debidamente inscritas para el cumplimiento de su objetivo.
Es necesario que se restablezca la confianza en el INE y en los Institutos locales electorales frente a la magnitud de la votación federal y estatales que viene. Se deben restituir y garantizar la certeza jurídica, la independencia e imparcialidad en la organización de la elección y en la calificación de la misma.
Por lo pronto, la urgencia legislativa exige concretar la reforma que regrese la colegialidad al Instituto. El Consejo General tiene la obligación de renovar las posiciones clave con personal docto, experto y ajeno a filias partidistas. Esto es indispensable, independientemente de que los mismos legisladores y legisladoras que prohijaron la reforma espuria de 2024 intenten ahora enmendar la plana, mostrando una cínica sorpresa ante los efectos de lo que aprobaron.
Ojalá que el bloque de consejeras y consejeros que fueron cómplices por acción y omisión con Taddei actúe hoy con la responsabilidad que la nación les demanda. Aunque para un rescate integral del INE, lo congruente sería que también renuncien.